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Derecho Constitucional y Administrativo
Cuando una actuación pública vulnera derechos o afecta la operación de un negocio, existen mecanismos constitucionales y administrativos para revertirla. Representamos a empresas y personas frente a decisiones arbitrarias de autoridades.
Información clave
Derecho Constitucional y Administrativo
Brindamos asesoría y patrocinio legal especializado en acciones constitucionales, representando a personas naturales, empresas y organizaciones en la protección y defensa de los derechos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador.
Nuestro servicio comprende el análisis de vulneraciones a derechos constitucionales, la preparación y presentación de garantías jurisdiccionales, como acciones de protección, hábeas data, hábeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y demás mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, así como el patrocinio integral durante todo el proceso constitucional.
Con una estrategia jurídica sólida y un enfoque en la tutela efectiva de los derechos, buscamos obtener soluciones oportunas frente a actuaciones u omisiones de autoridades públicas o particulares que vulneren derechos constitucionales.
Brindamos asesoría legal especializada en derechos constitucionales empresariales, orientada a empresas, inversionistas y organizaciones que requieren proteger sus actividades económicas frente a posibles afectaciones derivadas de actuaciones públicas o privadas.
Nuestro servicio comprende el análisis de principios constitucionales aplicables a la actividad empresarial, protección de la seguridad jurídica, debido proceso, derecho a la propiedad, libertad de contratación, libertad de empresa, igualdad, no discriminación y demás garantías reconocidas por la Constitución ecuatoriana.
A través de una consultoría estratégica y preventiva, ayudamos a nuestros clientes a identificar riesgos constitucionales, fortalecer la toma de decisiones empresariales y diseñar estrategias jurídicas para la defensa efectiva de sus derechos dentro del marco constitucional vigente.
Brindamos asesoría legal especializada en la protección del debido proceso dentro de procedimientos administrativos, acompañando a personas naturales, empresas y organizaciones frente a actuaciones de entidades públicas y autoridades administrativas.
Nuestro servicio comprende el análisis de expedientes administrativos, revisión de actuaciones de la autoridad, preparación de alegaciones y descargos, presentación de recursos administrativos, defensa frente a sanciones y verificación del cumplimiento de las garantías constitucionales de motivación, defensa, contradicción, seguridad jurídica y tutela efectiva.
Mediante una estrategia jurídica técnica y preventiva, ayudamos a nuestros clientes a proteger sus derechos frente a decisiones administrativas, reducir riesgos legales y garantizar que los procedimientos se desarrollen conforme a la Constitución y la normativa ecuatoriana aplicable.
Brindamos asesoría legal especializada en la protección de la libertad de empresa y la libertad económica, acompañando a empresarios, inversionistas y organizaciones en la defensa de sus derechos constitucionales para desarrollar actividades productivas y comerciales dentro del marco jurídico ecuatoriano.
Nuestro servicio comprende el análisis de restricciones regulatorias, actuaciones administrativas, decisiones estatales o conflictos que puedan afectar el ejercicio legítimo de actividades económicas, la iniciativa privada, la competencia y la seguridad jurídica empresarial.
A través de una consultoría estratégica, ayudamos a nuestros clientes a identificar riesgos constitucionales, proteger sus intereses patrimoniales y promover soluciones legales que garanticen el equilibrio entre la regulación pública y el desarrollo empresarial conforme a la Constitución del Ecuador.
Brindamos asesoría legal especializada en la defensa frente a actuaciones arbitrarias de autoridades públicas y procedimientos sancionatorios, protegiendo los derechos constitucionales y legales de personas, empresas y organizaciones ante decisiones, actos u omisiones que puedan vulnerar la seguridad jurídica, el debido proceso, la propiedad, la libertad económica u otros derechos reconocidos por el ordenamiento ecuatoriano.
Nuestro servicio comprende el análisis de actuaciones administrativas, identificación de vulneraciones jurídicas, presentación de recursos y acciones legales, acompañamiento ante entidades públicas y diseño de estrategias de defensa orientadas a restablecer los derechos afectados.
Mediante una representación técnica y estratégica, ayudamos a nuestros clientes a enfrentar excesos de poder, prevenir daños patrimoniales y garantizar que la actuación estatal se ajuste a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Abogado a cargo
Líder de equipo
Abg. Mónica Rojas
Preguntas Frecuentes
El Derecho Constitucional aborda derechos y garantías constitucionales. El Administrativo analiza actuaciones de entidades públicas, procedimientos y relaciones con ciudadanos y empresas; ambas áreas pueden coincidir en ciertos conflictos.
Conserve la resolución y su notificación. Deben revisarse competencia, fundamentos, procedimiento y plazos para determinar si corresponde una impugnación administrativa, judicial u otra actuación.
Debe analizarse la norma aplicada, los hechos, la prueba y el procedimiento seguido. La vía y los plazos dependen de la autoridad y del régimen correspondiente.
Debe evaluarse si existe una vulneración de derechos constitucionales y si se cumplen las condiciones de procedencia. La Corte Constitucional exige distinguir estos casos de controversias de mera legalidad.
No es un mecanismo para sustituir automáticamente las vías ordinarias. Deben analizarse los derechos afectados y la idoneidad de los procedimientos disponibles para el caso concreto.
Conserve la petición y constancia de presentación. Es necesario revisar el trámite, los plazos y los efectos jurídicos de la falta de respuesta antes de actuar.
Revise el expediente, los hechos atribuidos y la documentación disponible. La estrategia puede incluir argumentos, pruebas y actuaciones para ejercer los derechos correspondientes dentro del procedimiento.
Debe revisarse la decisión, sus fundamentos y las condiciones del permiso. Con esos antecedentes pueden evaluarse alternativas de subsanación, impugnación o defensa.
Son relevantes resolución, notificación, solicitudes, pruebas y antecedentes del expediente. Las fechas de presentación y recepción ayudan a identificar plazos y actuaciones oportunas.
Britannia BTJ puede analizar actuaciones de entidades públicas, sanciones y posibles vulneraciones de derechos, para determinar la vía administrativa, judicial o constitucional que corresponda.